Viviendas Sociales en Chile.

                

Un Sistema Perverso e Interminable.


Sin duda alguna el tema ya nos llena de prejuicios y expectativas, de resquemores que se originan a partir de nuestra propia experiencia relacionada a este tema. Y es que no es de extrañarse que sea algo tan sensible si tan solo pensamos y fundamentamos esta opinión en lo que la ONU refiere a una “Vivienda Adecuada” estableciendo por ella lo siguiente: La vivienda adecuada está reconocida como un derecho en los instrumentos internacionales incluidos la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La vivienda adecuada debe proveer más que cuatro paredes y un techo. Se deben cumplir una serie de condiciones particulares antes de considerarse como “Vivienda adecuada”. (ONU-HABITAT,2019) ¿Sera acaso que esto es solo una utopía?

En Chile se ha buscado solucionar esta problemática hace muchísimos años, resolver el tema de la inmensa cantidad de proyectos habitacionales y a la vez el enorme déficit habitacional que sufre la población con menor ingreso.
En función del modelo Belga y Francés que indica lo siguiente: Para el caso de la ley chilena sirvieron de base para su elaboración las legislaciones belgas y francesas de los años 1889 y 1894. En este contexto, resalta la importancia que tuvo en el ámbito europeo la experiencia inglesa y la ley de sobre vivienda de las clases trabajadoras de 1885, la que recoge los ensayos legislativos de este país en dichas materias, que, como en otros países europeos, se iniciaron a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX” (UNIV. BARCELONA,1999).  Es en este punto donde empieza a dilucidarse la necesidad de regularnos, de realizar con carácter higienista el fomento a la nueva vivienda, pero también incentivando a las constructoras por esto.

Hacia 1843 nuestro país contaba con viviendas llamadas “Cuarto Redondo” tal como indica a continuación; Existe cierto consenso en que la primera ordenanza que hace alusión a normar las habitaciones de los sectores populares es la referida a los cuartos redondos y se promulgó en el año 1843. Por cuarto redondo se entendía aquella vivienda que no tenía más luz ni ventilación que la que provenía de la puerta de entrada” (UNIV.BARCELONA.1999). Lo cual desde nuestra actual concepción haría que más de algún grupo levantara la voz en cuanto a violación de los Derechos Humanos más básicos, esto apoyado por que estas construcciones no tenían más luz o ventilación que la que proveía la puerta de entrada, lo que hoy nos resulta impensable.  Y si bien es cierto se regulan estas construcciones, por otro lado, aun nos encontramos con los conocidos Cite o Conventillos que no son más que “Cuartos Redondos” paralelos con una calle larga interior. ¿Entonces, es realmente la vivienda social una vivienda digna? Porque podemos argumentar y darnos vueltas en cuanto al progreso, pero siempre haremos esto desde nuestro propio prisma, con juicios y hasta prejuicios que van desde lo propio. Pero retomemos el origen para poder comprender mejor lo que queremos plantear.
En 1906 se crea la Ley de Habitación Obrera En este sentido, la Ley de Habitaciones Obreras de 1906 fue la primera que aborda el tema habitacional en Chile, siendo pionera en el ámbito latinoamericano, a las que siguieron las leyes argentinas y colombianas, en 1915 y en 1918, respectivamente” (UNIV.BARCELONA,1999). De esta forma se estableció la necesidad y obligatoriedad de viviendas más higiénicas y económicas, construcciones con posibilidad de venta y/o arriendo, pero también estableciendo la creación y fomento de las sociedades de construcción, y si bien es cierto se avanza en la creación de instituciones como la “Caja de Habitación Popular”, la cual fue creada en 1936 y tenía por objetivo desarrollar programas relativos a la vivienda social y en el año 1950  se crea la Corporación de Vivienda (CORVI) que se consideraba como el organismo motor del Plan de Vivienda, aun así vemos que en lo concreto las condiciones de habitabilidad no han cambiado acorde a los tiempos.
Desde sus inicios se ha establecido el concepto de vivienda social como vivienda obrera, vivienda popular, a subsidiar la higienización de la habitabilidad, a intentar al menos en espíritu la adquisición de la propiedad, a “convertir al obrero en propietario”. Y resulta tremendamente segregacionista iniciar políticas con estos nombres, acciones y legislaciones que como en España fueron denominadas “Ley de Casas Baratas” (1911).
Y aquí es donde queremos detenernos realizando un análisis de las acciones y problemáticas que hoy en pleno 2019, aun nos mantienen con una deuda casi obscena respecto a nuestra población.
Nuestras políticas habitacionales se han basado muchas veces en la imagen de “sacar de la pobreza al pobre y desvalido”, no así de dotarlo de real dignidad en su figura, en su derecho como persona y como un ser integrante de la sociedad. Con políticas de carácter correctivo se intenta quizás aplacar el hambre del pueblo, pero sin dejar que los ricos pasen hambre dicho de alguna forma.



 El actual modelo económico/político habitacional basado desde SERVIU en donde participan las Sociedades Constructoras y las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), resulta por lo menos viciado, si no es que perverso, en virtud de que más allá de proveer soluciones de carácter definitivo, las EGIS contribuyen de manera permanente a la creación de conjuntos de nuevos campamentos por medio de la mantención de realidades que los favorecen estructuralmente. Porque en el actual sistema de trabajo hay vicios que van en contra de lo que podemos definir como un modelo óptimo habitacional, ya que sin la existencia de campamentos o asentamientos irregulares, SERVIU no entregaría subvención y sin esta simplemente la bondad se termina por parte de las EGIS dejando a programas tan “desinteresados” como “Un techo para Chile” paralizados, sin fondos, sin directores y asociados visibles e invisibles, en total desempleo y carentes de todo sentido social, como se nos ha vendido hasta ahora. Y aunque piense que esto es un acto de atrevimiento usted debe saber que las EGIS actúan recibiendo dinero por parte del Estado por gestionar y asesorar a los beneficiarios en el proceso de obtención de su vivienda… ¿Ya entiende el rol entonces? Es más simple de lo que parece, sin postulantes no hay dinero, es por esto que mantienen constantemente la necesidad, es más, minimizan el gasto a través de voluntarios los cuales sonrientes e ignorantes de esta realidad socioeconómica buscan ayudar a otros a obtener o mejorar la tan “manoseada” vivienda digna.

Y es que el tema de la vivienda en Chile siempre ha tenido ribetes al menos de carácter social donde se suman ciertos aspectos que muchísimas veces disminuyen las necesidades de los grupos que más requieren de ella.
Si bien es cierto, se han generado alternativas para poder responder a esta creciente demanda, día a día y pese a la creación de múltiples conjuntos habitacionales, muchísimos de ellos en espacios reducidos, a la creación de proyectos habitacionales emblemáticos como la Villa Portales construida en 1960 en la comuna de Estación Central o la Población Juan Antonio Ríos construida en 1959 en la comuna de Independencia, el Ministerio de Vivienda ha buscado promover y respaldar la adquisición de la vivienda propia a miles de familias.

¿Pero es menester solo de la autoridad pertinente o de turno generar esta instancia? Y es que no pretendemos endosar la responsabilidad hacia quienes están en necesidad manifiesta, por el contrario, queremos hacer presente que el trabajo debe generarse siempre de forma bidireccional, con una cooperación mutua a fin de poder enlazar el requerimiento con la oferta, ceñidos a la real necesidad por parte de los usuarios a nivel personal, grupal y familiar. Porque ya es tristemente conocido como en algunos casos la solución ha sido peor que el problema, con viviendas de dimensiones ofensivamente inhumanas, con construcciones deficientes, con lugares casi imposibles de habitar o insultantes desde la dignidad humana. ¿Y por qué se asevera esto?, porque no solo hablamos de lo dificultoso del proceso, sino que además en gran parte de los casos se discrimina a quienes desean postular a subsidios, existe un sesgo de definir como “pobrecitos” a quienes están en busca del sueño de la casa propia. Pero tampoco es justo el hecho de poblar e incluso repoblar zonas que están dentro del abandono social, zonas donde se genera e instaura “otro Chile” y abriendo así paso al debate ético de lo recomendado por ONU en cuanto a que más de la mitad de los Chilenos no cuenta con una vivienda adecuada… Y cabe preguntar entonces, ¿Cuál es el actual y real rol del Estado y sus organismos para no solo otorgar las herramientas facilitadoras para obtener este tan anhelado sueño, sino que, para entregarlo de manera digna, real, concreta, para otorgar con objetividad una vivienda digna para todos? Porque hablamos al menos de un 60% de la población que no está siendo respetada en su necesidad por quienes deberían fiscalizar este tema. 


Pero retomemos un poco el punto que nos habla de humanidad…

¿De qué sirve tener miles de unidades habitacionales apartadas, carentes de servicios, de áreas verdes, de oportunidades, de centros educacionales y otros?, ¿Estamos creando islas sociales? Y es así, como de la nada, vemos que ante tanto requisito, ante planos reguladores direccionados por autoridades que no siempre cuentan con la información total y peor aún sin criterio o el mínimo sentido social, con empresas que buscan menos regulaciones y mayores valores gananciales, con el siempre presente “Lobby” en la mesa de quienes dirigen, con entidades como las EGIS que lejos de buscar el beneficio permanente de los necesitados ven en ellos una opción de negocio… Y es así como surgen los Campamentos. Es una ecuación casi macabra, porque confluye la “oferta/demanda”, una economía adversa donde el sueldo mínimo no hace más que generar deuda, la deuda crea frustración, la frustración genera pena y rabia y la rabia se traduce en rebeldía y oposición al sistema instaurado, lo que termina por convertirse en un círculo vicioso, donde la rebeldía y la falta de acceso simplemente los llevan a vivir donde se pueda, como se pueda y hasta que dure. Pero antes de referirnos a esta temática tan vigente, repasemos el hecho de que no solo estamos a casi 400.000 viviendas de déficit sino también a que el valor de suelo según sea la comuna, puede subir hasta 5 veces por lo menos. ¡Si eso pareciera poco, además debemos considerar la oposición permanente y el castigo social si vienes de tal o cual lado, si tienes estudios o no, si tienes vehículo o no y así con un montón de condicionante del tipo “si tienes o no” que se han validado socialmente a fin de “resguardarme de esos pobres que deben ser delincuentes” y es que es irrisoriamente doloroso que se juzgue y castigue previamente a cientos de personas que ya por ser personas merecen respeto y dignidad!! Pero hay otro factor a considerar y dicho de manera soez “Con plata baila el mono” y hay diferencias en el ingreso per cápita que son realmente asombrosas. Mientras en Vitacura este indicador es sobre el millón de pesos en Puente Alto no alcanza los 130 mil pesos… Ud. podrá entender entonces donde se invierte, como se invierte y a quienes “se quiere mantener contentos” ¿o no?,
Pero esta no es la guinda de la torta habitacional, si hasta acá le pareció un universo miope cuando nos referimos a Discapacidad entonces nos tornamos ciegos, sordos, mudos y los peor… Indolentes.

En Chile aproximadamente el 20% de la población es discapacitada, ¿podría suponer entonces que ante estas cifras al menos tendríamos algo de conciencia o sentido social? Pues no, simple y tristemente no. Y es que las condiciones son peores si consideramos las dimensiones y diseños de las viviendas.… Indigno e inhumano por decir lo menos. ¿Ha intentado lavar sus manos con un dedo esguinzado o ducharse con un pie con yeso?, si eso le ha parecido difícil imagine vivir o intentar habitar un lugar en el que nadie pensó en su necesidad, en su discapacidad, sea cual sea… Y esto nos genera de manera urgente la necesidad de que exista responsabilidad social en cuánto a vivienda se refiere.
Y si de vulneración hablamos no podemos olvidar a nuestros niños, a la infancia de Chile. Y aquí es donde retomamos el tema de los campamentos. Para nadie son un misterio, día a día proliferan más y son más visibilizados y normalizados, se integran con mayor o menor aceptación según sean sus demandas, sus habitantes y su origen no solo social, sino también en términos de nacionalidad.

Los campamentos no son solo una realidad de chilenos y chilenas, los migrantes forman un 27% de la totalidad de este mar humano y nos debemos enfrentar a los dilemas morales que conlleva esta situación, viven en condiciones inhumanas, que al margen de ser residentes de un campamento o de un condominio, muchas veces sin acceso a servicios mínimos y/o lujos sociales o habitacionales, ni siquiera cuentan con agua potable para cubrir sus necesidades básicas lo que debería al menos impactarnos o hacernos reflexionar sobre el hecho de que más allá de lo que es una vivienda como “estadística” o como un lugar donde habitar, debemos procurar que la justicia social alcance el equilibrio de dar según se requiera y no según tengas, valgas o puedas pagar.
Porque al final del día usted y yo volveremos a casa, otros no….




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