SENAME

Una Oscura Verdad

Un sencillo juego de palabras con las letras que forman su nombre. Más allá de las cifras, las normativas y su espíritu esta institución se ha quedado al margen de manera cómplice e indolente ante los abusos e infracciones que han sufrido miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Esto no es tan solo una declaración de tipo amarillista, sino más bien el reforzar que las cifras acusan estas negligencias.  Según Unicef, en Chile el 19.5% de los niños sufre violencia psicológica, un 25.6% es víctima de violencia leve y un 25.9% de violencia grave (UNICEF, 1994). Cómo podemos asumir y peor aún, normalizar que en nuestro país se han creado instituciones para proteger a los más débiles, entre ellos los niños y tengamos solo un 29% de niños y niñas que no reciben violencia. Cómo conformaremos una sociedad “sana” si el 53,4% de estos niños que han sufrido violencia grave consideran valido el castigo físico para la crianza de sus hijos e hijas en el futuro.

Considerando estas cifras y peor aún, que la violencia sea validada desde la infancia nos tendremos que hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es el legado que estamos dejando? ¿Realmente estamos cumpliendo con uno de los instintos más básicos entre las especies, el instinto de proteger a los más vulnerables?

El Servicio Nacional de Menores se crea a través del Decreto de Ley N°2465 en el año 1979 entrando en vigencia al año siguiente. Pero hoy en pleno 2019 y a casi 40 años de su formación vemos que las múltiples negligencias, fallas sistemáticas y vulneraciones están carcomiendo no solo el espíritu de la institución, sino que también corrompen las bases y los valores de parte del personal que debería velar por quienes son el futuro de nuestra nación. Y al hablar del personal no sólo se refiere a los cuidadores y cuidadoras sino a la institucionalidad, a las cabezas, a los directores y autoridades llamados a determinar, crear y facilitar medios, capacidades, recursos, legislaturas y toda herramienta que permita una labor de excelencia e integrada en lo que refiere a niños y materias de familia.

Los objetivos generales del SENAME indican lo siguiente; Contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, así como a la responsabilización e inclusión social de jóvenes que infringieron la ley, a través de una oferta programática en continuo mejoramiento, la cual es entregada por un grupo humano comprometido, constituido por SENAME y sus organismos colaboradores. (SENAME, 1979)

Refiriéndonos a su forma de trabajo, contemplamos la pasividad y nula acción por parte de toda la plana directiva y ejecutiva, pese a la innegable cantidad de antecedentes aportados por el estudio realizado en cooperación del Poder Judicial y la Unicef.

SENAME, ¿ no es acaso su nombre el que define de manera explícita que están al servicio de los menores?. Sera como refiere la psicóloga Ana María Aron en el Informe de la Comisión Especial Investigadora del Funcionamiento del Servicio Nacional de Menores (SENAME); que “estamos inmersos en un sistema patriarcal planteado desde el castigo ante la disyuntiva que genera la obediencia versus respeto”. (Informe Sename,2014, p.76).

¿O será que aún no entendemos el valor real de nuestras acciones y menos aún de las inacciones en estas materias? 

Resulta impresionante que aplicando una encuesta la cuál fue denominada “Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial de Chile”, el cual se realizó con el propósito de elaborar un registro completo y actualizado de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en residencias de protección, los que a fines de 2012 sumaban 9.312 (UNICEF,2013).

Esta encuesta serviría para conocer la realidad de habitabilidad y sus condiciones, los factores a mejorar en los Centros de Internación y sus organismos asociados. Lamentablemente los resultados arrojaron impresionantes cifras de abusos graves, vulneración de derechos, vulneraciones físicas, abusos sexuales, entre otros, por parte de quienes deberían protegerlos y de sus pares. Esto debería sino golpearnos, al menos removernos y llevarnos a replantear las falencias que están ocurriendo ante la pasiva, lamentable e indolente mirada como sociedad.

Nos referimos como sociedad a aquellas autoridades que en este caso son quienes actúan como agentes responsables de que el SENAME no disponga de recursos económicos más allá de un 40% a 50% en el caso de cada NNA para poder cubrir sus necesidades. Uno de los principales actores es la Iglesia, quien lejos de su rol piadoso y misericordioso, se muestra como un benefactor mas del sistema económico nacional, quién ignora las situaciones que se generan en su interior y mantienen un sistema que les permite seguir recibiendo miles de millones a través de sus centros “colaboradores” del Estado, tales como “El Pequeño Cottolengo” y el “Hogar San Luis”.

Y aunque no debería configurar un delito o falta el recibir recursos, si lo es el conocer casos de abuso sexual y de vulneración de derechos en donde escasea el recurso económico para los niños y aun así se mantienen con una postura inerte o peor aún, considerando que la reubicación del abusador solucionará el problema. Ante esta gran estrategia lo único que se puede propiciar es un nuevo posible abuso. No se mal entienda esta previa aseveración como una cacería eclesiástica, sino que se busca evidenciar que solo son parte de un sistema corroído y corrompido, un sistema oxidado que requiere rearmarse con urgencia extrema. Y si bien es cierto la Iglesia Católica es una arista importante, no podemos desconocer la realidad en cuanto a que SENAME basa su modelo en el castigo inquisitivo, torturador y ejemplificador, tal como menciona el Informe del SENAME, que indica que ; uno de sus Centros ubicado en la “ciudad de Cauquenes, administrado por el Consejo de Defensa del Niño (CODENI), donde los niños denunciaron casos de violencia sexual, física y psicológica contra los niños por parte de funcionarios y otros menores, así como reiterados castigos en aislamiento y falta de comida”(Informe SENAME,2014,p186).

Un rol de sentencia que difiere en lo absoluto de la Convención Internacional de Derechos del Niño realizada por Unicef Chile en el año 1989 y aplicada a nivel internacional con gran éxito por países europeos como España e Italia.

Nuestro sistema se ha tornado ciego y si no es así al menos es miope y sordo a las necesidades de reestructuración, de integración y de humanidad dejando sin voz a miles de niños que día a día sufren retardos en su desarrollo cognitivo, niños y niñas que estadísticamente poseen 3 y 4 frazadas de deficiente calidad , lo cual convierte al Centro en un lugar “idóneo” y esto a su vez les permite recibir una jugosa subvención, pero que en la praxis no resuelve las necesidades de sus beneficiarios, muy por el contrario mantiene a los niños en condiciones paupérrimas. Colchones que no cumplen con los estándares mínimos, generando además dolencias físicas que solo empeoran su condición, considerando que los tiempos de internación no son breves. Y la lista de situaciones inhumanas aumenta, con Directores inertes, con un sistema acogido a Tribunales de Justicia donde los NNA muchas veces son separados de sus padres y madres al alero del abuso de la “inhabilidad parental”.

Tal es el caso de Lissette Villa, la niña de 11 años cuyo deceso en el centro Cread Galvarino de Estación Central, en abril del 2016, dio origen al denominado "caso Sename".(COOPERATIVA, 2017). Generando incoherencias tales como la internación de una niña, la separación de su núcleo familiar y la sentencia de inhabilidad de los adultos responsables ante su entorno, pero no  así con su hermano de 6 años de edad, incoherencias donde pese a los informes y realidades expuestas en diversas encuestas aplicadas hace más de 6 y 7 años, toma real seriedad y solo conforman comisiones donde se generan discusiones a puertas cerradas y de manera abstraída se elaboran documentos sin un real sentido, a fin de que ante una supuesta filtración cuenten con algún argumento legal que los exima de responsabilidad, lo que demuestra una evidente deshumanización y carencia de moral, lo cual debería ser la prioridad ante cada niño que está siendo vulnerado. Se hace latente la creación de documentos vacíos, extensos y largas comisiones que no tienen un objetivo concreto.

Necesitamos una institución sólida, orientada a la integración y la reinserción, una institución que proteja y acoja a quienes están desvalidos, que deje de actuar como una “mini cárcel” donde en muchos casos los violentados se convierten en agresores, donde los inocentes caen por el abuso de organizaciones que ven en ellos beneficios no solo monetarios, sino que también sexuales, de adopción e incluso de tráfico de órganos, así lo asevera el Diputado René Saffirio "si no sabemos dónde están sepultados sus cuerpos tampoco podemos pedir que se exhumen sus cuerpos porque podemos, razonablemente, pensar que esos cuerpos también fueron materia de tráfico de órganos que no ha podido acreditarse por la opacidad con que se ha actuado en esta investigación"(T13,2019). De organizaciones internacionales de pedofilia como se acusa por parte de padres y niños que ya han sido abusados.

Frente a esto podemos elegir entre 2 líneas de acción: Movemos la cabeza y rasgamos vestiduras quejándonos, pero ignorando la situación, o bien como profesionales del ámbito social, luchamos por transgredir estos paradigmas que nos mantiene como espectadores de una cruel realidad.

Porque no basta con comentar en redes sociales para generar cambios, necesitamos más, mucho más. Lamentablemente contamos con políticas públicas carentes de prevención y de visión social, las cuales han sido elaboradas como estadísticas por quienes solo saben de números y peor aún por quienes manejan la legalidad, pero nunca el derecho.